El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, presenta el informe sobre el estatuto del trabajador autónomo. (EFE)
El colectivo de trabajadores por cuenta propia es muy heterogéneo y agrupa a más de tres millones de profesionales
El Gobierno tiene en sus manos el informe de los expertos sobre el estatuto del trabajador autónomo. Es el primer paso para regular a este colectivo de tres millones de trabajadores, con especial atención a su cobertura social y a una figura emergente: el trabajador autónomo dependiente de una gran compañía. La posibilidad de cobrar un seguro de paro está en el centro del debate.
Las asociaciones de autónomos llevan años pidiendo un estatuto que protega a los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España, un sector muy heterogéneo que agrupa a agricultores, transportistas, comerciantes, abogados y periodistas. Si la futura ley recoge punto por punto las propuestas de los expertos, a partir de 2007, cuando está previsto que entre en vigor, los trabajadores por cuenta propia tendrán claros sus derechos y deberes; negociarán convenios colectivos; podrán acogerse a la jubilación anticipada y cobrarán una prestación por cese de actividad, entre muchas otras medidas. Es decir, que se parecerán más a los trabajadores asalariados que a los empresarios que se supone que son (la gran mayoría no tiene ningún empleado contratado).
El Gobierno debe ahora estudiar estas propuestas, elaboradas en nueve meses por cuatro catedráticos de Derecho del Trabajo y uno de Economía de la Empresa, y que han sido valoradas por las asociaciones de autónomos como un paso adelante. "En sus grandes líneas coincide con la propuesta que hicimos en su día", reconocen Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ligada a UGT, y Lorenzo Amor, de la federación de asociaciones de autónomos ATA.
Entre las medidas recogidas en las 209 páginas del informe que prometen un largo debate está la del seguro de paro. Aunque es una reivindicación antigua de algunos trabajadores por cuenta propia, su articulación resultará difícil.
Los expertos proponen que el sistema se autofinancie a través de las cuotas que estos trabajadores pagan a la Seguridad Social -tienen un régimen especial- y con la creación de un Fondo de Garantía por Cese de Actividad, pero, según las asociaciones, quedan flecos pendientes. "¿Será obligatorio? ¿Cuánto habrá que cotizar", se pregunta Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ligada a UGT.
La gran mayoría de los autónomos cotizan por la base mínima a la Seguridad Social y no parecen proclives a pagar más. Esto hace pensar que será difícil que la prestación se autofinancie si no es obligatorio pagar más, lo que puede crear un gran malestar en el colectivo. Reyna pide que se consulte a los autónomos antes de decidir.
Falsos autónomos
Otro punto polémico será el de la regulación de los llamados autónomos dependientes o falsos autónomos. El texto define e estos trabajadores como aquéllos cuyos ingresos dependen en gran medida de una sola empresa, muchas veces sujetos a un jefe, con horarios rígidos, con los mismos deberes que los asalariados pero prácticamente sin derecho alguno. Algunas fuentes calculan que se ajustan a esta definición entre el 15% y el 30% del colectivo y subrayan que su número crece porque es una forma de reducir costes laborales para las empresas. Abogados de grandes despachos, periodistas y muchos transportistas, por poner algunos ejemplos, se ajustan a esta definición.
El informe presta una atención especial a esta situación y reconoce a estos trabajadores el derecho a vacaciones, a limitar su jornada, a que su despido sea justificado, a acudir a los tribunales laborales en caso de conflicto y a la negociación colectiva.
Para el secretario general de UPTA, falta que se obligue a las empresas a firmar con ellos un contrato por escrito y a depositarlo en el registro mercantil.
El informe de la comisión de expertos aporta también un análisis de este segmento del mercado laboral, que está cambiando de perfil: pierden peso la construcción y la agricultura en favor del sector servicios y aumenta el peso de los inmigrantes (223.000 en el segundo trimestre de 2005) y de las jóvenes trabajadoras. Además, se trata de un colectivo que trabaja más horas y está menos formado que los asalariados.
La propuesta es sólo un primer paso para hacer realidad el estatuto de los trabajadores autónomos, una promesa electoral del PSOE. El Gobierno la discutirá ahora con los agentes sociales -en la mesa de diálogo social- y con los representantes del colectivo. Luego deberá elaborar el proyecto de ley y someterlo al Parlamento.
